¿Qué tienen en común la izquierda y las criptomonedas?

Hay algo curioso en la manera en que las criptomonedas pasaron a ocupar el imaginario político contemporáneo. Una tecnología concebida para permitir la transferencia de valor sin depender de una autoridad central se convirtió, en muchos ambientes, casi en un símbolo de identidad liberal o libertaria. Para parte de la izquierda, esa asociación bastó para producir distancia. Para algunos de sus defensores, la propia idea de acercar Bitcoin y pensamiento progresista parece contradictoria.

Pero las tecnologías no surgen con todas sus consecuencias sociales determinadas de antemano.

La electricidad no nació progresista ni conservadora. Internet tampoco. Ambas fueron incorporadas a proyectos económicos y políticos distintos, produciendo posibilidades de emancipación, nuevas dependencias y formas de concentración de poder.

Las tecnologías descentralizadas merecen un tratamiento similar.

Hay que reconocer que Bitcoin tiene características monetarias específicas, que blockchain designa una familia de arquitecturas tecnológicas y que la llamada Web3 reúne proyectos con modelos económicos y estructuras de gobernanza muy diferentes.

Ponerlo todo bajo una misma definición política sería tan impreciso como considerar que todas las empresas de internet comparten una única concepción de la sociedad.

Aun así, existen puntos de contacto relevantes entre ciertas posibilidades de estas tecnologías y preocupaciones históricas de la izquierda.

Aparecen en la defensa de la autonomía, en la organización colectiva, en la crítica a la concentración de poder, en la circulación del conocimiento y en la búsqueda de formas más democráticas de participación económica.

Estas convergencias no constituyen una identidad ideológica. Son posibilidades que deben examinarse en sus condiciones concretas.

Quizás el primer paso sea abandonar la pregunta sobre a quién pertenecen las criptomonedas e investigar qué relaciones económicas pueden modificar.

La descentralización y la vieja cuestión del poder

Una de las preocupaciones recurrentes de las tradiciones socialistas, democráticas y progresistas es la concentración del poder económico.

Esa preocupación atraviesa debates sobre la propiedad de los medios de producción, los monopolios, la organización del trabajo y la capacidad de las grandes instituciones de influir en decisiones colectivas.

La descentralización tecnológica también parte de una cuestión relacionada con la distribución del poder, aunque a menudo ofrece respuestas muy diferentes.

En Bitcoin, por ejemplo, la validación de las transacciones depende de reglas compartidas por los participantes de una red, en lugar de una autoridad responsable de mantener un registro central de todas las operaciones.

Este modelo introdujo una forma particular de coordinación tecnológica.

Pero la ausencia de una autoridad central sobre el protocolo no significa ausencia de concentración económica.

Grandes participantes pueden controlar porciones significativas de los activos existentes. Las empresas pueden concentrar servicios de custodia e intermediación. La infraestructura de minería puede presentar dependencias geográficas, energéticas y empresariales.

Descentralizar una función no implica descentralizar todas las demás.

Esta distinción es fundamental para acercar la discusión tecnológica a las preocupaciones de la izquierda.

La pregunta progresista no debería limitarse a la existencia de una red abierta. Necesita alcanzar las condiciones reales de participación.

¿Quién puede usar esta infraestructura? ¿Quién tiene los recursos necesarios para influir en su desarrollo? ¿Quién captura los beneficios económicos? ¿Qué dependencias permanecen?

Una red puede reducir la necesidad de intermediarios y, al mismo tiempo, permitir el surgimiento de nuevos centros de poder.

Eso no invalida sus posibilidades. Solo demuestra que la distribución del poder económico no puede deducirse exclusivamente de su arquitectura técnica.

Para la izquierda, este es un campo de investigación especialmente relevante, porque acerca el estudio de la tecnología a una cuestión antigua: la diferencia entre la libertad formal y la capacidad material de ejercer esa libertad.

Una persona puede tener autorización técnica para participar en una red pública y, aun así, enfrentar obstáculos económicos, educativos o tecnológicos que dificultan su participación efectiva.

Que exista una puerta abierta no significa que todos estén en condiciones de atravesarla.

Cooperativismo: una historia anterior a blockchain

Mucho antes de la creación de Bitcoin, trabajadores y comunidades ya experimentaban con formas de organización económica basadas en la propiedad compartida, la participación democrática y la distribución colectiva de los resultados.

El cooperativismo moderno consolidó principios que siguen reconocidos internacionalmente, entre ellos la adhesión voluntaria, el control democrático por parte de los miembros, la participación económica y la autonomía organizativa.

Estos principios no dependen de blockchain.

Su importancia está justamente en demostrar que la organización colectiva tiene una historia social e institucional muy anterior a las tecnologías digitales.

La Alianza Cooperativa Internacional establece, entre los principios de las cooperativas de primer grado, la igualdad de voto entre sus integrantes, independientemente del capital que cada persona posea.

Este aspecto produce una diferencia importante con muchas organizaciones autónomas descentralizadas, conocidas como DAO.

Una DAO puede usar contratos inteligentes para registrar propuestas, organizar votaciones y ejecutar determinadas decisiones. Sin embargo, cuando el poder de voto depende de la cantidad de tokens que se controlan, los participantes con mayor patrimonio pueden ejercer una influencia proporcionalmente mayor.

En ese caso, la organización es descentralizada en ciertos aspectos tecnológicos, pero no necesariamente democrática según los principios del cooperativismo.

Es precisamente en esa diferencia donde surge una posibilidad de acercamiento.

Una organización cooperativa podría estudiar herramientas de blockchain para registrar decisiones, administrar recursos compartidos o aumentar la auditabilidad de determinados procesos.

Pero el modelo de gobernanza tendría que preservar sus propios principios.

La tecnología sería un instrumento al servicio de la organización, no un sustituto de su finalidad social.

Imagine una cooperativa formada por productores de una comunidad rural.

Sus integrantes podrían usar un sistema digital compartido para registrar ciertas etapas de la comercialización, seguir los ingresos colectivos y verificar la ejecución de las decisiones aprobadas en asamblea.

En algunas circunstancias, una infraestructura distribuida podría ser útil, especialmente cuando distintas organizaciones necesitan compartir registros sin depender por completo de un único operador.

En otras, una base de datos convencional sería más barata, simple y adecuada.

La elección debería resultar de una evaluación técnica y económica, no del entusiasmo por una palabra que se volvió popular en el mercado.

El punto de convergencia, por lo tanto, no está en afirmar que una DAO es una cooperativa moderna.

Está en la posibilidad de usar herramientas digitales para apoyar formas de organización económica que ya tienen objetivos colectivos.

La experiencia histórica del cooperativismo ofrece criterios para evaluar la gobernanza de las nuevas organizaciones digitales, mientras que algunas tecnologías pueden ampliar las herramientas disponibles para las cooperativas.

Esta relación merece investigación, experimentación y seguimiento.

Autonomía financiera e inclusión: promesas que deben examinarse

La autonomía económica ocupa lugares diferentes en las tradiciones políticas de la izquierda.

En algunas corrientes, aparece asociada a la independencia material de los trabajadores. En otras, a la democratización del crédito, a la protección contra relaciones abusivas o a la construcción de instituciones financieras orientadas por el interés colectivo.

En el universo cripto, la autonomía suele presentarse como la posibilidad de controlar directamente activos digitales.

La autocustodia permite que una persona guarde las claves necesarias para mover determinados recursos sin depender de una institución custodia.

Esta característica puede ser importante en contextos específicos.

Pero hay que evitar una conclusión precipitada: tener una billetera digital no significa estar financieramente incluido.

La inclusión financiera implica acceso, seguridad, conocimiento, costos adecuados, protección contra fraudes y capacidad efectiva de usar servicios económicos.

Una persona que no comprende cómo funcionan las claves privadas puede perder sus recursos de manera irreversible. Alguien con dificultades de acceso a internet puede no lograr usar servicios digitales con regularidad.

También hay riesgos asociados a la volatilidad de los activos, a las plataformas utilizadas y a la calidad de la información disponible.

La tecnología, por sí sola, no resuelve estas dificultades.

Aun así, determinados instrumentos digitales pueden ampliar las alternativas para mover recursos.

El costo de las remesas internacionales ofrece un ejemplo concreto.

Según el Banco Mundial, el costo promedio global de enviar remesas se mantuvo en 6,36% en el tercer trimestre de 2025.

Para los trabajadores migrantes que envían parte de sus ingresos a sus familias, esos costos representan una reducción directa de los recursos disponibles para alimentación, vivienda y otras necesidades.

Las redes de pago basadas en criptoactivos y stablecoins pueden investigarse como alternativas en determinados corredores internacionales.

Pero la comparación debe considerar todos los costos involucrados: compra de los activos, comisiones de red, conversión cambiaria, retiro en moneda local y eventuales riesgos operativos.

Una transferencia aparentemente barata en la blockchain puede volverse cara cuando el destinatario necesita convertir los recursos para usarlos.

Además, los sistemas convencionales de pago instantáneo también pueden reducir costos y ampliar el acceso.

El objetivo social relevante no es necesariamente sustituir una infraestructura por otra.

Es permitir que las personas muevan sus recursos con seguridad, eficiencia y costos proporcionales.

La convergencia con las preocupaciones progresistas aparece cuando la innovación se examina a partir de las necesidades concretas de los usuarios, especialmente de quienes tienen menos alternativas.

Reducir los costos financieros puede tener importancia social. Su efectividad, sin embargo, debe demostrarse.

Conocimiento abierto y bienes comunes digitales

Otro acercamiento relevante aparece en el desarrollo de software libre y de código abierto.

Una parte importante de la infraestructura de redes como Bitcoin y Ethereum utiliza programas cuyo código puede examinarse públicamente.

Esto permite que investigadores, desarrolladores y otros participantes estudien las reglas, identifiquen problemas y propongan cambios.

La apertura del código no garantiza que todas las personas puedan comprenderlo. Tampoco elimina las diferencias de influencia entre participantes.

Pero crea posibilidades de fiscalización y colaboración que no están disponibles de la misma manera en sistemas totalmente propietarios.

La relación con los bienes comunes merece atención.

La economista y politóloga Elinor Ostrom, galardonada con el Premio Nobel de Ciencias Económicas en 2009, dedicó una parte importante de su obra al estudio de comunidades capaces de administrar recursos compartidos mediante reglas construidas colectivamente.

Sus estudios demostraron que la gestión de los recursos comunes no tiene por qué limitarse a la privatización total o al control centralizado del Estado.

Esto no significa que Ostrom haya defendido blockchain ni anticipado las características de las criptomonedas.

Su contribución está en la comprensión de que las instituciones colectivas pueden desarrollar mecanismos propios de gobernanza, monitoreo y resolución de conflictos.

Esta perspectiva ofrece instrumentos útiles para examinar las comunidades digitales.

Los proyectos de software abierto dependen de mantenimiento, financiamiento, coordinación y decisiones sobre cambios técnicos.

Incluso cuando el código es público, alguien tiene que hacer el trabajo necesario para mantenerlo funcionando.

¿Quién financia ese trabajo? ¿Cómo se establecen las prioridades? ¿Cómo resuelven los participantes sus divergencias? ¿Quién tiene influencia sobre las decisiones importantes?

Son cuestiones institucionales, no solo computacionales.

La idea de bienes comunes digitales también permite discutir formas de financiar infraestructuras que benefician a muchas personas pero no ofrecen necesariamente un retorno financiero directo a los inversores.

Protocolos abiertos, bibliotecas de software, herramientas de seguridad y materiales educativos pueden producir beneficios colectivos.

Mecanismos de financiamiento comunitario, donaciones y fondos de desarrollo pueden contribuir a su mantenimiento.

Algunas aplicaciones de blockchain permiten registrar y ejecutar reglas de distribución de recursos, aunque eso no vuelve automáticamente justos ni eficientes esos mecanismos.

El interés está en comprender cómo distintos instrumentos pueden apoyar la producción y la preservación de conocimientos compartidos.

Hay una afinidad posible con tradiciones políticas que valoran la educación, la cooperación y el acceso público al conocimiento.

Pero esa afinidad depende de instituciones capaces de transformar la apertura técnica en participación efectiva.

Transparencia, participación y responsabilidad

La posibilidad de consultar los registros públicos de determinadas blockchains suele presentarse como una garantía de transparencia.

En las redes públicas, cualquier persona con acceso a las herramientas adecuadas puede verificar las transacciones.

Esta característica puede contribuir a la auditabilidad de las operaciones.

Pero la transparencia tecnológica no debe confundirse con la transparencia institucional.

Un registro puede mostrar que determinada dirección transfirió recursos a otra sin revelar necesariamente la identidad de los responsables, la finalidad económica de la operación ni su conformidad con las obligaciones legales.

Tampoco garantiza que los datos introducidos en un sistema correspondan a la realidad.

Una información falsa sigue siendo falsa cuando se registra de manera inmutable.

Por eso, las aplicaciones relacionadas con la gestión de recursos colectivos deben combinar instrumentos tecnológicos con mecanismos de rendición de cuentas, verificación y control social.

En determinadas circunstancias, los contratos inteligentes pueden ayudar a ejecutar reglas aprobadas previamente.

Una organización podría establecer, por ejemplo, que los recursos de un fondo colectivo solo se muevan después de una deliberación registrada y de la autorización de responsables definidos.

Sin embargo, la calidad democrática de esa estructura dependería de quién participa en las decisiones, de cómo se presentan las propuestas y de las posibilidades de impugnarlas.

El código puede ejecutar una regla. No determina, por sí mismo, si es legítima.

Esta distinción también es relevante para las políticas públicas.

El uso de blockchain en registros gubernamentales o en la ejecución de ciertos procedimientos no representa automáticamente una mejora de la transparencia.

En algunos casos, los sistemas públicos convencionales, acompañados de auditorías independientes y mecanismos de acceso a la información, pueden cumplir la misma función con menor costo.

En otros, la necesidad de compartir registros entre distintas instituciones puede justificar el estudio de arquitecturas distribuidas.

La decisión exige criterios técnicos y una evaluación del interés público.

Para la izquierda, la convergencia posible está en la preocupación por la responsabilidad de las instituciones y la participación ciudadana.

La tecnología puede ofrecer instrumentos adicionales. La democracia sigue dependiendo de personas, derechos e instituciones.

La cuestión ambiental no puede ignorarse

La relación entre criptomonedas y sostenibilidad es una de las divergencias más importantes de este debate.

Bitcoin utiliza un mecanismo de consenso conocido como prueba de trabajo, que depende de actividad computacional y consumo de energía.

Ese consumo tiene consecuencias ambientales que varían según el origen de la electricidad, la ubicación de las operaciones y las características de la infraestructura utilizada.

Otras redes emplean mecanismos diferentes, como la prueba de participación, con perfiles energéticos distintos.

Por lo tanto, no es adecuado tratar a todas las criptomonedas como si tuvieran el mismo impacto ambiental.

Tampoco sería adecuado ignorar el consumo energético de ciertas redes ni considerar que cualquier uso de fuentes renovables elimina automáticamente sus efectos sobre los sistemas eléctricos y las comunidades.

La evaluación ambiental debe incluir consumo de energía, emisiones, equipos, residuos electrónicos y posibles impactos locales.

En regiones con desigualdades en el acceso a la infraestructura energética, la discusión adquiere una dimensión distributiva.

¿Quién se beneficia económicamente de la actividad? ¿Qué costos recaen sobre la comunidad? ¿Hay efectos sobre las tarifas, la disponibilidad de energía o el uso de recursos naturales?

Estas preguntas forman parte de un análisis socialmente responsable.

La preocupación ambiental, presente en distintas corrientes de la izquierda y del movimiento ecologista, no tiene por qué traducirse en un rechazo indiscriminado de todas las tecnologías blockchain.

Puede contribuir a establecer criterios de evaluación más exigentes.

La innovación no debería considerarse deseable solo por ser técnicamente posible.

Sus beneficios deben examinarse en relación con los recursos que consume y los efectos que produce.

Donde las convergencias encuentran sus límites

Sería intelectualmente deshonesto reunir solo las características de las criptomonedas que parecen cercanas a los valores progresistas e ignorar las tensiones más profundas.

Bitcoin, por ejemplo, tiene una política monetaria programada, con una emisión limitada según las reglas de su protocolo.

Esta característica es valorada por corrientes que defienden restricciones a la discrecionalidad monetaria.

Pero distintas tradiciones económicas de la izquierda atribuyen al Estado y a las autoridades monetarias funciones importantes en la estabilización de la economía, el financiamiento de políticas públicas y la respuesta a las crisis.

La existencia de un activo con oferta limitada no resuelve esas divergencias.

Del mismo modo, la valorización de la propiedad individual de activos digitales puede entrar en tensión con proyectos que priorizan mecanismos colectivos de distribución de recursos.

No existe una compatibilidad automática entre escasez monetaria y justicia social.

Tampoco hay garantía de que la valorización de los criptoactivos beneficie proporcionalmente a las personas de menores ingresos.

Cuando los activos se adquieren en cantidades muy diferentes, las subidas de precio pueden ampliar las desigualdades patrimoniales entre sus tenedores.

La concentración inicial y la distribución posterior de los activos deben tenerse en cuenta.

Las finanzas descentralizadas plantean otras cuestiones.

Los protocolos de préstamo, negociación y provisión de liquidez pueden operar mediante contratos inteligentes, reduciendo determinadas funciones de intermediación.

Sin embargo, estos sistemas pueden implicar apalancamiento, liquidaciones automáticas, riesgos de programación, dependencia de oráculos e incentivos especulativos.

La automatización no elimina la necesidad de proteger a los usuarios.

Una liquidación ejecutada correctamente por un contrato inteligente puede tener consecuencias financieras graves para alguien que no comprendió los riesgos asumidos.

También existen desafíos relacionados con la rendición de cuentas cuando ocurren fallas.

La ausencia de una empresa custodia tradicional puede dificultar la identificación de quién tiene obligaciones frente a los usuarios.

Estos problemas deben formar parte de cualquier análisis serio sobre el sector.

Las convergencias entre la izquierda y el mundo cripto no exigen negar esas contradicciones.

Exigen reconocer que las tecnologías pueden tener características útiles para ciertos objetivos y, al mismo tiempo, producir riesgos incompatibles con otros.

La evaluación debe hacerse caso por caso.

Por qué esta conversación importa para la izquierda

Hay una razón para tratar esta discusión con cuidado y cierta sensibilidad.

Muchas personas que se identifican con la izquierda construyeron sus convicciones a partir de experiencias concretas de desigualdad, dificultades económicas y defensa de derechos.

Para ellas, el debate sobre el dinero no es una abstracción.

Está relacionado con la capacidad de sostener una familia, trabajar con dignidad, acceder a servicios públicos y construir alguna seguridad material.

Cuando las criptomonedas aparecen asociadas exclusivamente a la especulación financiera, al enriquecimiento individual o al rechazo de las instituciones públicas, es comprensible que despierten resistencia.

Esa reacción no debería ridiculizarse.

Revela preocupaciones legítimas por los efectos sociales de la economía.

Al mismo tiempo, sería importante que esas preocupaciones no impidieran el estudio de tecnologías capaces de modificar formas de organización económica.

La izquierda tiene una tradición de reflexión sobre el trabajo, la propiedad, la participación colectiva y la distribución del poder.

Estas cuestiones siguen presentes en la economía digital, aunque adopten nuevas características.

Estudiar blockchain no exige abandonar el compromiso con las políticas públicas. Conocer Bitcoin no significa rechazar el papel del Estado. Investigar organizaciones descentralizadas no implica considerar superadas las instituciones democráticas.

Tampoco es necesario convertir cada innovación en una promesa de transformación social.

La madurez política está en la capacidad de distinguir posibilidades reales de discursos comerciales, reconocer límites y formular preguntas propias.

Una comunidad interesada en acercar a la izquierda y el mundo cripto puede contribuir justamente en este punto.

No como un espacio destinado a convencer a todas las personas de que deben invertir en activos digitales, sino como un ambiente de estudio, debate y producción de conocimiento.

Un lugar donde sea posible conversar sobre cooperativismo y contratos inteligentes, soberanía monetaria y stablecoins, privacidad y fiscalización, derechos sociales y nuevas infraestructuras financieras.

Estas conversaciones pueden reunir a personas con posiciones económicas diferentes.

La divergencia no tiene por qué impedir la construcción de conocimiento.

Al contrario, una discusión técnicamente informada y políticamente plural puede ayudar a identificar problemas que pasarían desapercibidos en ambientes donde todos comparten las mismas convicciones.

Hay también una responsabilidad de lenguaje.

El universo cripto suele usar expresiones técnicas que dificultan la participación de quienes están empezando.

Billeteras, protocolos, contratos inteligentes, liquidez, gobernanza y tokenización son conceptos que requieren explicación.

La democratización del conocimiento no ocurre cuando el lenguaje se convierte en un instrumento de distinción entre especialistas y principiantes.

Ocurre cuando los temas complejos pueden comprenderse sin perder precisión.

Para una tradición política preocupada por la educación y la participación popular, esta dimensión merece una atención especial.

La discusión sobre tecnología no debería quedar restringida a quienes ya tienen formación técnica o recursos financieros para probar sus productos.

Debe ser accesible también para trabajadores, estudiantes, docentes, investigadores, pequeños emprendedores y personas que simplemente desean comprender los cambios económicos a su alrededor.

Un acercamiento que no exige acuerdo

La relación entre la izquierda y las criptomonedas no puede resumirse en una identidad de principios.

Existen diferencias importantes sobre el papel del Estado, la naturaleza del dinero, la propiedad privada, la distribución de la riqueza y los mecanismos de organización económica.

Esas diferencias no desaparecen cuando una tecnología usa código abierto o permite transacciones sin intermediarios.

Pero también existen cuestiones compartidas.

• La concentración de poder preocupa a distintas tradiciones progresistas y aparece como un problema relevante en el estudio de las redes digitales.
• El cooperativismo ofrece experiencias históricas de gobernanza colectiva que pueden dialogar con nuevas herramientas de coordinación.
• La defensa del conocimiento abierto encuentra formas de expresión en los proyectos de software libre.
• La búsqueda de inclusión financiera puede orientar investigaciones sobre pagos y servicios digitales.
• La protección de los derechos individuales contribuye a discutir la privacidad, la autocustodia y los límites de la fiscalización.
• Y la preocupación por la sostenibilidad ofrece criterios para evaluar los costos ambientales de las infraestructuras tecnológicas.

Ninguno de estos acercamientos transforma automáticamente a las criptomonedas en instrumentos progresistas.

Su significado depende de las condiciones de uso y de los intereses involucrados.

La propia historia de las tecnologías demuestra que herramientas similares pueden servir a fines muy distintos.

Por eso, quizás lo más relevante de esta conversación no sea encontrar una identidad ideológica para Bitcoin.

Sino reconocer que el debate sobre las tecnologías descentralizadas involucra cuestiones económicas y sociales que la izquierda conoce desde hace mucho tiempo.

¿Quién controla los recursos? ¿Quién participa en las decisiones? ¿Cómo se distribuyen los beneficios? ¿Qué derechos deben protegerse? ¿Qué formas de organización colectiva son posibles?

Estas preguntas son anteriores a la creación de las criptomonedas.

Seguirán siendo relevantes independientemente del futuro de cualquier activo digital.

Lo que cambió es el entorno en el que deben formularse.

La economía digital introdujo nuevas infraestructuras, nuevos intermediarios y nuevas posibilidades de coordinación. Algunas pueden ampliar las alternativas económicas. Otras pueden reproducir o profundizar relaciones de dependencia.

Comprender esa diferencia exige investigación, debate público y disposición para enfrentar cuestiones que no tienen respuestas simples.

La izquierda no necesita aceptar las premisas de todos los movimientos asociados a las criptomonedas para participar en esta investigación.

Tampoco necesita considerar que una tecnología se vuelve incompatible con sus valores solo porque ciertos grupos políticos pasaron a defenderla.

El pensamiento crítico no debería funcionar por asociación.

Exige examinar estructuras, consecuencias y relaciones de poder.

Es en ese terreno donde los acercamientos entre la izquierda y el mundo cripto pueden estudiarse con seriedad.

No como un intento de conciliar artificialmente concepciones económicas distintas, sino como un esfuerzo por comprender de qué manera las nuevas herramientas pueden servir, o dejar de servir, a objetivos sociales concretos.

La tecnología no sustituye a la política. Y la política no debería prescindir del conocimiento de la tecnología.

Entre estas dos dimensiones existe un espacio de investigación que merece ser ocupado por investigadores, instituciones, movimientos sociales y ciudadanos con distintas visiones del mundo.

El futuro de las infraestructuras digitales seguirá construyéndose mediante decisiones técnicas, económicas e institucionales.

Cuantas más personas comprendan esas decisiones, mayores serán las posibilidades de someterlas al debate público.

La tecnología no pertenece a una ideología. Sus usos, sus límites y sus consecuencias sociales son asuntos de interés colectivo.