Por una regulación responsable

Durante años, el debate sobre la regulación de las criptomonedas se presentó como una elección entre dos extremos: libertad absoluta o control estatal.

La realidad volvió insuficiente esa oposición.

Cuando millones de personas mantienen patrimonio en activos digitales, las empresas custodian recursos de terceros y los servicios conectan sistemas financieros nacionales con redes globales, discutir reglas deja de ser una abstracción ideológica.

Pasa a ser una discusión sobre responsabilidad.

El desafío es regular sin reproducir dos errores posibles: imaginar que los mercados complejos pueden resolver por sí solos todos sus conflictos, o construir barreras tan caras que solo las grandes instituciones puedan atravesarlas.

Brasil ya entró en esta etapa

La Ley n.º 14.478, de diciembre de 2022, estableció directrices para la prestación de servicios de activos virtuales en Brasil e incorporó, entre sus objetivos, la protección del consumidor, la seguridad de las operaciones, la prevención del lavado de dinero y la libre competencia.

Posteriormente, el Banco Central recibió la competencia para regular a las prestadoras de servicios de activos virtuales.

El proceso avanzó.

La Resolución BCB n.º 520, dictada en noviembre de 2025 y actualizada en 2026, pasó a regular la constitución y el funcionamiento de estas prestadoras.

Esto cambia la naturaleza del debate brasileño.

Ya no discutimos seriamente si habrá regulación. Discutimos qué regulación será capaz de generar confianza sin eliminar la competencia ni la innovación.

Regular intermediarios no es regular matemáticas

Hay una distinción que debe preservarse.

Bitcoin no es una empresa.

Ethereum no es un banco.

Un protocolo descentralizado no es jurídicamente idéntico a una plataforma de intercambio que recibe recursos de clientes.

La propia CVM, el regulador de valores de Brasil, diferencia categorías de criptoactivos y aclara que su competencia alcanza a aquellos caracterizados como valores mobiliarios. Bitcoin y la mayoría de las criptomonedas, por ejemplo, no pasan automáticamente a su competencia solo por ser activos digitales.

Esta diferenciación es esencial para evitar regulaciones tecnológicamente imprecisas.

El foco debe estar en las actividades, los riesgos y las responsabilidades efectivamente asumidas.

Una empresa que custodia miles de millones pertenecientes a clientes debe estar sujeta a obligaciones compatibles con ese riesgo.

Eso no significa que una persona que ejecuta software de código abierto deba ser tratada automáticamente de la misma manera.

Protección no es paternalismo

Hay una crítica frecuente a la regulación: los adultos deberían poder asumir los riesgos que deseen.

En principio, sí.

Los mercados libres dependen de la capacidad de las personas para tomar decisiones.

Pero la libertad contractual presupone información mínimamente adecuada y reglas contra el fraude.

Cuando una plataforma mezcla recursos propios con activos de clientes, oculta conflictos de interés o presenta como seguro algo de alto riesgo, no estamos discutiendo libertad económica. Estamos discutiendo asimetría de información y responsabilidad.

Del mismo modo, proteger a los inversores no significa prometer que nadie perderá dinero.

Los criptoactivos pueden ser extremadamente volátiles. Los proyectos pueden fracasar. Los inversores pueden equivocarse.

El papel del Estado no debería ser eliminar el riesgo económico, algo imposible, sino reducir el fraude, la manipulación y la opacidad evitables.

Existe también un problema global

Los criptoactivos atraviesan fronteras con mucha más facilidad que la mayoría de las instituciones regulatorias.

Esto produce un problema clásico de coordinación.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sigue la implementación internacional de las normas sobre activos virtuales y constató, en un informe de 2024, que una gran parte de las jurisdicciones evaluadas seguía cumpliendo solo parcialmente o no cumplía los estándares establecidos.

La consecuencia es previsible: las actividades pueden migrar a jurisdicciones con controles débiles.

La cooperación internacional, por lo tanto, es necesaria.

Pero debe preservar otra preocupación: la privacidad financiera legítima no debe confundirse automáticamente con criminalidad.

El equilibrio necesario

Una buena regulación debería perseguir al mismo tiempo objetivos que a veces entran en tensión:

proteger a los consumidores;

combatir el fraude y el lavado de dinero;

preservar la privacidad;

permitir la autocustodia legítima;

estimular la competencia;

no inviabilizar a los pequeños innovadores;

diferenciar protocolos de intermediarios;

y ofrecer seguridad jurídica.

No existe una fórmula perfecta.

La regulación responsable es precisamente el reconocimiento de que estos valores deben equilibrarse.

El debate más productivo no es “regulación versus libertad”.

Es descubrir qué reglas aumentan la libertad real de las personas al impedir que el poder económico, el fraude o la asimetría de información destruyan su capacidad de elegir.

En ese sentido, regular puede ser justamente una manera de permitir que la innovación madure.